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Los balances de las petroleras estatales arrastran falencias

Analytica en la Prensa

Las cuentas financieras de Petroecuador y de Petroamazonas son el punto débil de ambas petroleras estatales. De los cuatro últimos informes auditados por firmas especializadas, contratadas por la Contraloría General del Estado (CGE), ninguno fue validado de manera favorable. El pronunciamiento de los auditores en estos años ha sido adverso, o tiene abstención (ver gráfico). Esto significa que la información de los balances financieros no se encuentra sustentada de manera apropiada, refirió Andrés Rosero, presidente del Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador. Esto evidencia que estas empresas públicas, que son de todos los ecuatorianos, no tienen la “casa en orden” y por eso no se conoce con precisión qué está pasando, añade Ramiro Crespo, analista económico. En el caso de Petroecuador, encargada de transportar, refinar y comercializar crudo y sus derivados, los auditores advirtieron, en el último balance auditado del 2016, que de las 78 cuentas corrientes entre bancos locales y del exterior, solo tres confirmaron los saldos disponibles de la empresa. Así se determinó que se contaba con USD 120,6 millones, apenas un 19% de los USD 635,4 millones que registró la petrolera en sus cuentas. Otro de los hallazgos fue que esta empresa no consideró en ese balance los recursos para las posibles indemnizaciones que debería asumir al estar involucrada en 1 400 juicios. Estos representan una cuantía de USD 11 308,9 millones.

Similar observación se hizo en las provisiones que se deben reservar para el pago de beneficios a los empleados por jubilación patronal, desahucio e indemnización por retiro voluntario. Aunque la normativa nacional e internacional establece la obligación de contar con estos montos, la estatal no incluyó este rubro. Petroecuador tampoco estimó de manera técnica los recursos que se requerirían para un eventual retiro de sus instalaciones como refinerías, estaciones de bombeo, terminales del poliducto y del oleoducto. Esto, según los auditores, es un requerimiento que establecen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en empresas de esta naturaleza. Las NIC son una serie de parámetros fijados para elaborar balances financieros, que son aceptados en la mayoría de países. Estas son parte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), explicó el Colegio de Contadores y Auditores del Ecuador. Estas normativas deben ser aplicadas por las empresas públicas, según la Ley que rige para estas compañías, desde el 2009, precisó Crespo. Pese a esta disposición, en el último balance auditado de Petroamazonas del 2016, al igual que el de Petroecuador, se identificó que no se aplicaron las normas internacionales.

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