El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que aplicará la figura de la concesión en sectores como la vialidad y la refinación del petróleo.
La concesión se diferencia de la privatización en que la primera no implica la venta de la empresa, el activo o la obra, sino que se delega la administración, operación o la construcción a una empresa privada.
Cuando se concesiona no se transfiere la propiedad del bien, mientras que cuando se privatiza sí se lo hace. “Privatizar es que algo del Estado pasa a ser de un privado, en la concesión la administración la hace un privado pero la propiedad la retiene el Estado”, indica el director de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo.
El objetivo es que ese privado haga las inversiones que se requieren, por ejemplo, un pozo petrolero, una hidroeléctrica o una carretera que necesitan de un mantenimiento permanente.
Cuando el Estado no tiene recursos, necesita de un tercero que los invierta. La figura es la concesión porque permite que el inversionista recupere ese dinero a través de los flujos que genera esa actividad en el futuro. Y el beneficio para el Estado es que recibe ingresos por esa actividad económica sin gastar recursos que no tiene.
Santiago Mosquera, director del Business School de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), afirma que en la concesión el inversionista privado no es el dueño, pero sí el operador.
“Tiene elementos positivos, pero se requiere que el Estado tenga un rol protagónico. Por ejemplo, si concesiona la construcción de una vía, el sector privado gana el derecho de construir y operar esa carretera por un tiempo y después lo transfiere al sector público”, dice Mosquera.
Así la vía se mantiene en buenas condiciones y el operario recupera la inversión con el cobro de peajes.
“Durante el gobierno de (Rafael) Correa se hicieron concesiones petroleras y en ese tipo de contratos, el concesionario adelantaba una cantidad importante de dinero. En el caso de Schlumberger fueron mil millones de dólares que después el contratista los va recuperando a través de la operación”, dice Acosta.
Todo depende de cada contrato de concesión. El Estado recibe las rentas de la operación de manera anticipada o gradualmente en el tiempo, según las especificaciones del contrato.
Pedro Romero, director de la maestría de Economía de la USFQ, afirma que el modelo de la concesión ya se maneja también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados del país. “Hay municipios que tienen concesiones de algunas de sus empresas, entonces es para facilitar y mejorar la eficiencia de la administración de algunos de estos activos que están a cargo del Estado, pero este sigue manteniendo la propiedad última, entonces no es una privatización completa, es solo una forma de privatizar. De hecho, gana un derecho, recibe un valor fijo según el acuerdo al que haya llegado con la empresa privada”.
La clave es el nivel de transparencia, agrega Romero. “Los términos del contrato deben ser públicos. El Estado administra bienes de la sociedad, entonces como ciudadanos tenemos derecho a saber qué inversión se hará, las tarifas serán flexibles o fijas, quién determinará la tarifa, un regulador estatal o es la misma empresa, inclusive la ciudadanía puede hacer veeduría de esas concesiones por mandato constitucional”.
Lasso puede ejecutar esta opción de manera directa, sin la intervención de la Asamblea Nacional. “Lo que necesita es demostrar seriedad y transparencia en el proceso, porque los inversionistas tienen que estar seguros de que van a un país donde van a ser respetados, reduciendo el riesgo de perder el dinero que van a invertir”, dice Acosta.
La concesión se hace mediante concurso público en el que se establecen las bases y las condiciones, lo que debe pagar al Estado, en qué tiempo y el número de años que operará la actividad.
La concesionaria tiene que tener los capitales y el conocimiento, según sea el caso. Por lo general es una compañía privada experta en esa rama.
Un aspecto positivo es la transferencia de capitales y del conocimiento, que incluye tecnología de punta en un país con rezago en esta área.
La idea es mejorar la administración del activo para generar más ingresos con la inversión realizada.
Lo más importante es la transparencia con licitaciones públicas, internacionales y abiertas. Lo que no se debe hacer es concesiones a dedo, concuerdan los analistas.
En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, hay maneras de que en los derechos que se están concesionando se tenga el mayor beneficio para la sociedad sin afectar los intereses de la empresa privada, es decir, que ganen ambos, el inversionista y el Estado.
Una opción es que se permita la intervención de las universidades y de los colegios técnicos y profesionales en la elaboración de los términos de referencia. “Se puede hacer mediante subastas, hoy en día hay reglas internacionales de cómo hacerlo, en economía y en finanzas públicas, para que sea transparente y se maximicen las ganancias para la sociedad”, enfatiza Romero.
Durante la década del noventa del siglo XX se dio una ola de privatizaciones en varios países de la región, pero no todos los procesos fueron bien hechos.
“Frente a esa presión de rechazo a la privatización que la población no la entiende se usa la concesión, en la que el Estado retiene la propiedad del bien y consigue beneficios por el lado del conocimiento, de los capitales y los inversionistas”, dice Acosta.
La Ley establece que el Estado no puede ganar menos del 51% de las rentas de la actividad petrolera y minera. “Y ya participa de toda actividad privada a través del cobro de impuestos, recibe beneficios sin ser dueño”, señala Acosta.
Fuente: DIARIO EL UNIVERSO
