2021 mayo

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que aplicará la figura de la concesión en sectores como la vialidad y la refinación del petróleo.

La concesión se diferencia de la privatización en que la primera no implica la venta de la empresa, el activo o la obra, sino que se delega la administración, operación o la construcción a una empresa privada.

Cuando se concesiona no se transfiere la propiedad del bien, mientras que cuando se privatiza sí se lo hace. “Privatizar es que algo del Estado pasa a ser de un privado, en la concesión la administración la hace un privado pero la propiedad la retiene el Estado”, indica el director de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo.

El objetivo es que ese privado haga las inversiones que se requieren, por ejemplo, un pozo petrolero, una hidroeléctrica o una carretera que necesitan de un mantenimiento permanente.

Cuando el Estado no tiene recursos, necesita de un tercero que los invierta. La figura es la concesión porque permite que el inversionista recupere ese dinero a través de los flujos que genera esa actividad en el futuro. Y el beneficio para el Estado es que recibe ingresos por esa actividad económica sin gastar recursos que no tiene.

Santiago Mosquera, director del Business School de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), afirma que en la concesión el inversionista privado no es el dueño, pero sí el operador.

“Tiene elementos positivos, pero se requiere que el Estado tenga un rol protagónico. Por ejemplo, si concesiona la construcción de una vía, el sector privado gana el derecho de construir y operar esa carretera por un tiempo y después lo transfiere al sector público”, dice Mosquera.

Así la vía se mantiene en buenas condiciones y el operario recupera la inversión con el cobro de peajes.

“Durante el gobierno de (Rafael) Correa se hicieron concesiones petroleras y en ese tipo de contratos, el concesionario adelantaba una cantidad importante de dinero. En el caso de Schlumberger fueron mil millones de dólares que después el contratista los va recuperando a través de la operación”, dice Acosta.

Todo depende de cada contrato de concesión. El Estado recibe las rentas de la operación de manera anticipada o gradualmente en el tiempo, según las especificaciones del contrato.

Pedro Romero, director de la maestría de Economía de la USFQ, afirma que el modelo de la concesión ya se maneja también a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados del país. “Hay municipios que tienen concesiones de algunas de sus empresas, entonces es para facilitar y mejorar la eficiencia de la administración de algunos de estos activos que están a cargo del Estado, pero este sigue manteniendo la propiedad última, entonces no es una privatización completa, es solo una forma de privatizar. De hecho, gana un derecho, recibe un valor fijo según el acuerdo al que haya llegado con la empresa privada”.

La clave es el nivel de transparencia, agrega Romero. “Los términos del contrato deben ser públicos. El Estado administra bienes de la sociedad, entonces como ciudadanos tenemos derecho a saber qué inversión se hará, las tarifas serán flexibles o fijas, quién determinará la tarifa, un regulador estatal o es la misma empresa, inclusive la ciudadanía puede hacer veeduría de esas concesiones por mandato constitucional”.

Lasso puede ejecutar esta opción de manera directa, sin la intervención de la Asamblea Nacional. “Lo que necesita es demostrar seriedad y transparencia en el proceso, porque los inversionistas tienen que estar seguros de que van a un país donde van a ser respetados, reduciendo el riesgo de perder el dinero que van a invertir”, dice Acosta.

La concesión se hace mediante concurso público en el que se establecen las bases y las condiciones, lo que debe pagar al Estado, en qué tiempo y el número de años que operará la actividad.

La concesionaria tiene que tener los capitales y el conocimiento, según sea el caso. Por lo general es una compañía privada experta en esa rama.

Un aspecto positivo es la transferencia de capitales y del conocimiento, que incluye tecnología de punta en un país con rezago en esta área.

La idea es mejorar la administración del activo para generar más ingresos con la inversión realizada.

Lo más importante es la transparencia con licitaciones públicas, internacionales y abiertas. Lo que no se debe hacer es concesiones a dedo, concuerdan los analistas.

En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, hay maneras de que en los derechos que se están concesionando se tenga el mayor beneficio para la sociedad sin afectar los intereses de la empresa privada, es decir, que ganen ambos, el inversionista y el Estado.

Una opción es que se permita la intervención de las universidades y de los colegios técnicos y profesionales en la elaboración de los términos de referencia. “Se puede hacer mediante subastas, hoy en día hay reglas internacionales de cómo hacerlo, en economía y en finanzas públicas, para que sea transparente y se maximicen las ganancias para la sociedad”, enfatiza Romero.

Durante la década del noventa del siglo XX se dio una ola de privatizaciones en varios países de la región, pero no todos los procesos fueron bien hechos.

“Frente a esa presión de rechazo a la privatización que la población no la entiende se usa la concesión, en la que el Estado retiene la propiedad del bien y consigue beneficios por el lado del conocimiento, de los capitales y los inversionistas”, dice Acosta.

La Ley establece que el Estado no puede ganar menos del 51% de las rentas de la actividad petrolera y minera. “Y ya participa de toda actividad privada a través del cobro de impuestos, recibe beneficios sin ser dueño”, señala Acosta.

Fuente: DIARIO EL UNIVERSO


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Among his first promises as Ecuador’s president-elect, Guillermo Lasso pledged to seek new risk-sharing contracts with private companies in the oil sector, a major pillar of the Andean nation’s economy.  At the same time, Lasso said he was wary of oil drilling in the Yasuní national park in the country’s Am­azon region, adding that he backed an audit to determine the environ­mental costs and profitability of extraction from oil wells located there.  What will be the Lasso administration’s main priorities for the oil sector, and what will they mean for the country’s economic recovery?  Is the new government likely to continue or significantly change the energy policies of current President Lenín Moreno?  In what ways will the rise of Ecua­dor’s Indigenous movement, whose coalition now has the second-largest presence in the National Assembly, influence the incoming administra­tion’s energy policy?

Ramiro Crespo, president of Analytica Securities in Quito: “Guillermo Lasso’s oil policy aims to apply principles of good corporate governance to an industry that has suffered im­mensely from corruption and whose output at the same time has barely treaded water for the past 15 years. While production-sharing agreements already exist, Lasso wants to modify the contract scheme to make it more attractive for private companies to invest, while at the same time making companies take on a greater share of entrepreneurial risk. He recognizes that oil production isn’t easy to ramp up, hence his interest in attracting investment as soon as possible. His goal of increasing oil output to 700,000 barrels a day from the present 500,000 or so probably won’t be reachable by the end of his term.  He will probably face stiff opposition if he attempts to list Petroecuador in the United States and locally, similar to what happens in Brazil with Petrobras or Colombia with Ecopetrol.  This would strengthen corporate governance and provide revenue from a company that doesn’t even have an audited balance sheet.  Eventually, Petroecuador could expand inter­nationally, such as Chile’s Enap, reducing the pressure to expand production on Indig­enous lands, and thus perhaps softening opposition to privatization.  At the same time, he is offering Indigenous organizations an unusually strong say by offering binding previous consent to new oil and mining proj­ects.  Whether this will succeed in defusing, or instead exacerbate, existing conflicts over natural resource development will depend to a high degree on his administration’s abil­ities to negotiate, as well as on Indigenous organizations’ willingness to compromise.”

Sebastián Maag Pardo, senior consultant on energy and natu­ral resources at FTI Consulting: “As Guillermo Lasso prepares to take office on May 24, priority issues facing the oil and gas sector mirror Ecuador’s governability challenges—to name a few: opposition from renewed political forces, fragile government finances, widespread mistrust in institutions and growing activ­ism. Addressing the country’s economic and governance crises will hinge on actions that build credibility for structural reforms. Oil is no exception. Crude exports and royalties from new upstream contracts will be an essential source of fiscal revenue, especial­ly as Lasso pledged to eliminate the $4-5 billion yearly fiscal deficit by 2025. To boost crude production and ensuing revenues, he will look to attract foreign investment.

Addressing the coun­try’s economic and governance crises will hinge on actions that build credibility on structural reforms.”

Sebastián Maag Pardo

This market-oriented push includes: 1.) realigning public and private incentives; 2.) delever­aging Petroecuador, to avoid overreliance on public finances; and 3.) strengthening accountability -environmental, financial and administrative- across the fuels value chain. But before risks can be shifted from the Ec­uadorean taxpayer to investors, the adminis­tration needs to tidy up the image of a sector mired in various corruption probes. With the recent Petroecuador-Petroamazonas merger, the time is ripe to undergo a transparency overhaul -not only through an audit of opera­tions in the mega-biodiverse Yasuní, but also stronger environmental impact assess­ments at large, adding to financial valuation and compliance audits that help attract investors.  This would generate the public confidence Lasso needs to deepen actions that his predecessor started. If Fernando Santos -who closely advises current Energy Minister René Ortiz – is confirmed as energy minister, markets can expect more than continuity: Ecuador faces the opportunity to gather all stakeholders and have a historic rethink of the state’s involvement with oil. Done right, this could pave way to adequate­ly eliminating fossil – fuel subsidies, opening competitive bidding rounds and moving toward other international best practices that free up public resources best devoted to priority social issues.”

Paola Carvajal, senior manag­er at Roland Berger: “Presi­dent-elect Guillermo Lasso is facing a complex situation in Ecuador. The country’s economic crisis requires the reactivation of multiple sectors, including oil and gas operations, as the economy depends heavily on crude oil ex­ports and revenue.  President Moreno started to open the hydrocarbons industry to private investors, conducting bidding rounds under production-sharing contracts, and the new administration is likely to continue pushing to secure new private investment in this sector.  However, Lasso’s intentions of inject­ing new funds into the hydrocarbon sector will likely face significant challenges.  The first one will be the energy transition trend toward low-carbon fuels and sustainable operations.  Oil and gas extraction, operators and investors in areas such as the PPT field in the Amazonian region will be subject to more significant and growing national and international scrutiny. Internally, the election process demonstrated the importance of the Indigenous movement, which will reject extended oil and gas operations in the PTT. Moreover, President-elect Lasso will also need to focus on diversifying the economy toward lower-carbon intensity activities. The support for developing other sectors, including the nascent mining sector, will be essential to transform and strengthen the Ecuadorean economy for the future.”

Marc Becker, professor of his­tory at Truman State University: “It is too early to tell what the gap between Lasso’s campaign promises and his actual policies will be, but given his previous track record of actual implemented policies and the patterns of similar politicians, we can expect quite a dramatic right-wing turn. Recognizing that he only polled 20 percent of the vote in the first round, and that this is the extent of the support he can count on from his CREO par­ty in the legislature, Lasso made promises to gain the backing of those who otherwise would oppose his neoliberal economic policies. Now that the elections are over, we can expect his true colors to shine through his rhetoric. But even during the elections he promised to deepen Ecuador’s dependency on resource extraction, which historical­ly has only proven to underdevelop the country’s economy.

Lasso can expect to face significant resistance… from organized social movements … and Pachakutik’s electoral representatives in Congress.”

Marc Becker

A saying from the 1970s oil boom was that Ecuador became a dollar poorer for every barrel of oil it exported, and nothing has changed significantly since then to alter that equation. Lasso can expect to face significant resistance to his politics of privatization and resource extraction both from organized social movement mobiliza­tions on the streets and Pachakutik’s elector­al representatives in Congress. Although his proposed draconian policies will be easy to confront, sectors of the Indigenous move­ments share some responsibility for them because of their tacit support for Lasso in the second round of the election that grew out of their opposition to the previous Rafael Correa administration’s similar reliance on resource extraction.”

[Editor’s note: The Energy Advisor requested a commentary from the Yaku Pérez cam­paign as well as from a National Assembly representative of the Pachakutik party but received no response from either.]

 The Advisor welcomes comments on its Q&A section. Readers can write editor Gene Kuleta at gkuleta@thedialogue.org.

Fuente: LATIN AMERICA ADVISOR